¿Uber se convierte en taxi? Lo que el decreto de Mulino le da y le quita al usuario

El decreto define las reglas del juego para Uber, InDriver y DiDi en Panamá. Hay ganancias reales para el pasajero — pero también un riesgo estructural que puede terminar encareciendo el servicio.

Qué pasó

El gobierno firmó el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026 para regular las plataformas de transporte como Uber, InDriver y DiDi bajo la figura de “Taxi de Lujo” (TL). La norma entra en vigencia de inmediato y deroga el Decreto 331 de 2017.

Lo que el usuario gana

El decreto mejora la protección al pasajero en puntos concretos. Los vehículos deberán tener máximo 7 años de antigüedad, aire acondicionado, cinturón de seguridad y póliza de seguro de asiento. Los conductores deberán presentar récord policial limpio en los últimos 10 años. Y se mantiene el efectivo como medio de pago válido — algo que la Corte Suprema ya había ordenado en 2019.

Hasta ahora Panamá tenía unos 20,000 conductores operando en plataformas digitales sin supervisión directa de la ATTT. El decreto crea una unidad administrativa específica para fiscalizar a conductores, vehículos y plataformas.

El problema: la trampa de las prestatarias

El decreto exige que cada conductor pertenezca a una organización de transporte autorizada (prestataria) para poder operar en una plataforma. El riesgo que señalan los propios conductores: en Panamá, las prestatarias históricamente han sido las cooperativas y sindicatos del transporte tradicional.

Si esas organizaciones controlan quién entra al sistema, podrían restringir la oferta. Omar Jaén, presidente de la Asociación de Conductores de Plataformas, lo advirtió antes de que se firmara el decreto: “El problema de fondo es el negocio de los cupos. En Panamá, un cupo puede costar entre $2,000 y $6,000, lo cual ha generado un sistema corrupto.”

Las voces: un rechazo transversal

La reacción en X fue inmediata y provino de perfiles muy distintos, todos apuntando en la misma dirección.

El alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, lo sintetizó con la frase que más circuló — casi 13,000 visualizaciones en pocas horas: “Este decreto no regula… castiga la innovación. En vez de subir a los taxis al nivel de Uber, bajan a Uber al nivel del taxi.” Mizrachi además anunció que está desarrollando una app para modernizar y hacer competitivos a los taxis.

El exviceministro del MEF Iván Zarak se dijo “altamente decepcionado” con el decreto: “Tiene un par de aspectos buenos, pero la mayoría son, sinceramente, retrógradas.”

El diputado Neftalí Zamora fue más directo y abiertamente político: “El nuevo Decreto para regular Uber es un traje hecho a medida para robustecer al obsoleto modelo de prestatarias. Esta es una medida inconstitucional que se aleja del bien común para seguir favoreciendo a los monopolios del transporte.”

El diputado Jorge Bloise Iglesias coincidió: “Buscan acomodar al transportista más que al propio usuario, sin consulta previa, sin buscar mediar en soluciones concretas a los miles de usuarios.”

El diputado José Pérez-Barboni avaló la necesidad de orden pero criticó el enfoque burocrático: “En Panamá parece que vivimos en el tanque de los cangrejos, cuando algo sube, le trabamos la tenaza y lo jalamos pa’ abajo. Avalamos el orden, pero no la burocracia.”

El contraste regional

Otros países de la región enfrentaron la misma disyuntiva y eligieron caminos distintos. En Costa Rica, el proyecto de regulación redefinió el servicio como ‘servicio económico de interés general’, con regulación mínima y sin intervención de la autoridad tarifaria. Además, abrió el camino a los taxistas para operar también en plataformas — la figura del ‘taxi dual’ — en lugar de bloquearlas.

En Colombia, un proyecto similar fue retirado por el gobierno en 2026 tras alertas de impacto negativo en conductores y usuarios. La lección: cuando la regulación protege al sector tradicional en lugar de al usuario, el retroceso político suele ser rápido.

Lo que el decreto no resuelve

La norma es silenciosa en los temas que más valora quien usa estas apps: tiempos de espera, precios dinámicos, calificaciones, resolución de disputas y protección de datos. La ATTT fijará tarifas, pero el decreto no establece criterios ni plazos. Las ventajas que diferenciaron a Uber del taxi amarillo — trazabilidad, transparencia, rendición de cuentas — no están garantizadas en el texto.

La cifra

52% — porcentaje de usuarios de Uber en Panamá que tiene vehículo propio y aun así usa la app, según datos de la propia empresa presentados ante la Asamblea Nacional en 2023. Lo que revela: el servicio compite por conveniencia y seguridad, no solo por precio.

Qué sigue

Las plataformas tienen 3 meses para adecuar a sus conductores al nuevo esquema. La ATTT debe publicar las tarifas reguladas. El MICI emitirá los avisos de operación. Si las prestatarias usan ese período para restringir la entrada de nuevos conductores, la oferta podría caer antes de que el usuario note cualquier mejora en seguridad.

La pregunta que Mulino no respondió: ¿esto moderniza el taxi, o taximiza las apps?

📄 Fuente oficial: Decreto Ejecutivo No. 10 — Gaceta Oficial No. 30505-C, 16 de abril de 2026