Mulino convoca reunión de emergencia tras rechazo masivo al decreto de Uber

El Decreto Ejecutivo No. 10 acumuló críticas de diputados de oposición, el alcalde de la capital, un exviceministro y un diputado-abogado que prepara una demanda de nulidad. El presidente Mulino anunció el lunes una revisión. La ministra que firmó el decreto salió a defenderlo.

La posición del gobierno

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, firmó el decreto junto al presidente Mulino y salió a defenderlo con un argumento centrado en la seguridad del usuario: “No podemos tener personas que estén prestando un servicio que no estén regulados y no sepamos quiénes son. Las plataformas sencillamente muchas veces alguien que sale de su oficina, no sabemos quién es, y se dedica a prestar un servicio. Esa historia hoy termina.” Su declaración, reposteada por Telemetro Reporta, acumuló casi 98,000 visualizaciones — la más vista del día sobre el tema.

Pocas horas después, el presidente José Raúl Mulino reconoció en X la tormenta de críticas: “He estado leyendo muchas opiniones sobre Decreto Ejecutivo 10. Lunes me reuniré con autoridades de la ATTT y el Ministerio de Gobierno para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio.”

Las críticas: un rechazo que cruzó partidos

La reacción en X fue inmediata y provino de distintos partidos de oposición, todos apuntando en la misma dirección.

El alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, publicó la frase que más circuló el viernes — casi 13,000 visualizaciones: “Este decreto no regula… castiga la innovación. En vez de subir a los taxis al nivel de Uber, bajan a Uber al nivel del taxi.”

El abogado y diputado de MOCA Ernesto Cedeño fue el más directo en sus consecuencias: “Se hizo para darle un negocio redondo a las prestatarias, que deben estar saltando en un solo pie en estos momentos. Si hubiera sabido que gravitaba esa intención en ciernes, no hubiera votado…” Y anunció que el lunes presentará una demanda contencioso administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, pidiendo la suspensión del decreto. Aclaró que si el Ejecutivo deroga lo objetado antes, su demanda quedaría en sustracción de materia.

El diputado de Vamos Neftalí Zamora lo calificó de “un traje hecho a medida para robustecer el obsoleto modelo de prestatarias” y lo llamó inconstitucional.

Su copartidario Roberto Zúñiga agregó: “Este decreto carece de sentido y refleja una total desconexión con la realidad que vive el país. Aumenta innecesariamente la burocracia para prestar un servicio y desconoce que muchos panameños recurren a esta actividad no por elección, sino porque perdieron sus empleos.”

El también diputado de Vamos Luis ‘Lucho’ Duke conectó el decreto con el desempleo: “Con el desempleo en 10.4%, este gobierno responde con más barreras, más control y menos oportunidades para quienes hoy sobreviven con Uber e inDrive. Con estas medidas, se castiga el trabajo, se frena la innovación y se arriesga agravar el desempleo.”

El diputado de MOCA José Pérez-Barboni avaló la necesidad de orden pero criticó el enfoque: “En Panamá parece que vivimos en el tanque de los cangrejos, cuando algo sube, le trabamos la tenaza y lo jalamos pa’ abajo. Avalamos el orden, pero no la burocracia.”

El diputado de Vamos Jorge Bloise cuestionó la falta de consulta: “Buscan acomodar al transportista más que al propio usuario, sin consulta previa, sin buscar mediar en soluciones concretas a los miles de usuarios.”

El exviceministro del MEF Iván Zarak se declaró “altamente decepcionado”: “Tiene un par de aspectos buenos, pero la mayoría son, sinceramente, retrógradas.”

El sector empresarial toma posición

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) emitió el 18 de abril un comunicado formal alertando que el decreto “pone en riesgo la libre empresa, limita la competencia y frena la economía digital”.

La organización reconoce la necesidad de reglas claras para garantizar seguridad y calidad, pero advierte que el nuevo esquema “introduce un modelo restrictivo que limita el desarrollo de la economía digital y el emprendimiento”. Su principal cuestionamiento apunta al mismo punto que los diputados: la obligación de integrarse a prestatarias, que según APEDE “introduce barreras adicionales que aumentan los costos, reducen la autonomía y afectan la participación de emprendedores”.

El comunicado también alerta sobre el impacto en el turismo — al limitar opciones de movilidad modernas valoradas por visitantes internacionales — y en la clase media panameña, que usa las plataformas como fuente de ingresos adicionales. Agrega un punto que ningún otro actor había levantado: la exigencia de ser panameño excluye a extranjeros con estatus migratorio regular, quienes “deben poder acceder a estas plataformas como una oportunidad de trabajo formal, en igualdad de condiciones”.

APEDE reconoció la disposición de Mulino de abrir espacios de diálogo, pero fue enftica en su mensaje de fondo: “Regular no debe significar retroceder, sino avanzar hacia un modelo que combine seguridad, eficiencia, competencia e innovación.”

El lunes, el punto de inflexión

La reunión que Mulino convocó para el lunes con la ATTT y el Ministerio de Gobierno tiene un doble contexto. Por un lado, el diputado Cedeño aclaró que si el Ejecutivo deroga o modifica lo objetado antes de que se admita su demanda, esta quedaría sin materia — lo que sugiere que una reforma parcial del decreto podría desactivar el conflicto legal. Por otro lado, Uber también dijo el viernes que “evaluará” las condiciones del decreto, sin comprometerse a nada.

El decreto entra en vigor de forma inmediata, pero da 3 meses de plazo para los requisitos más exigentes. Ese es el margen real que tiene el gobierno para decidir si mantiene, ajusta o retira el texto — antes de que la presión legal, política y empresarial se vuelva más difícil de manejar.

La cifra

98,000 — visualizaciones de la declaración de la ministra Montalvo en X, la mayor de cualquier funcionario sobre el decreto. El debate ya no está en los pasillos de la Asamblea — está en la calle.