Uber dijo ‘evaluará’ el decreto. ¿Qué significa eso para Panamá?

Qué dijo Uber

La tarde del viernes 17 de abril, menos de 24 horas después de la firma del Decreto Ejecutivo No. 10, Uber emitió una sola oración como declaración oficial: “En función del Decreto No. 10, Uber evaluará las condiciones que contiene para que los taxis de lujo puedan integrarse a la tecnología de la app de Uber en Panamá.”

Sin rechazar el decreto. Sin respaldarlo. La palabra clave es “evaluará” — un verbo que en el lenguaje corporativo puede significar muchas cosas, incluyendo la más incómoda para el mercado panameño: que la empresa decida que no vale la pena.

El contexto: qué hay en juego

Panamá fue el primer país de Centroamérica y el Caribe en recibir a Uber, en marzo de 2014. En una década, la plataforma acumuló más de 70 millones de viajes, 2 millones de usuarios, 60,000 familias con ingresos y $125 millones en ganancias para conductores. Invirtió $72 millones en el país.

Son números significativos en términos locales. Pero Uber factura $44 mil millones anuales a nivel global. El mercado panameño representa una fracción de un punto porcentual de sus ingresos. Lo que suceda aquí no moverá su cotización en bolsa ni aparecerá en su reporte trimestral a los accionistas.

Las tres salidas

1. Implementar el decreto

El decreto obliga a los conductores a afiliarse a una prestataria para registrarse en la plataforma. Uber pasaría a depender de esas organizaciones para construir su oferta. Es operable, pero invierte la lógica del modelo: en lugar de ser una plataforma abierta, se convierte en un intermediario de intermediarios. Adaptarse tampoco garantiza estabilidad — el Decreto 331 de 2017, el marco anterior, fue parcialmente anulado por la Corte Suprema en 2019.

2. Impugnar el decreto legalmente

El precedente existe. En 2019, la Sala Tercera de la Corte Suprema declaró ilegales varios artículos del Decreto 331, incluyendo la prohibición de cobro en efectivo y las restricciones geográficas. La obligación de prestataria en el nuevo decreto es el punto más vulnerable a una nueva impugnación. Esta ruta toma tiempo, pero Uber la conoce bien.

3. Retirarse del mercado

Es la opción que menos se menciona pero que no debe descartarse. A escala global, Panamá es un mercado pequeño. Si el costo de cumplir con el nuevo esquema — negociación con prestatarias, adaptación operativa, riesgo regulatorio — supera el retorno, la decisión de salir es perfectamente racional para una empresa de ese tamaño. Sus ingresos globales no se verían afectados de forma medible. Para Panamá, en cambio, el impacto sería directo: 60,000 familias perderían una fuente de ingresos y 2 millones de usuarios perderían una opción de movilidad.

El antecedente que importa

En octubre de 2024, en su décimo aniversario en Panamá, Uber anunció nuevas alianzas con el gobierno de Mulino — con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional. Su gerente general para la región elogió la “seguridad jurídica” que Panamá le había brindado durante una década. Seis meses después, esa seguridad jurídica cambió de forma abrupta y sin consulta previa con las plataformas. Ese es el contexto detrás de la respuesta del viernes.

La cifra

3 meses — el plazo que da el decreto para que conductores y vehículos se adecúen al nuevo esquema. Es el tiempo real que tiene Uber para decidir qué hace.