Panamá promulga la Ley 926: sustancia económica entra en vigor en 2027
La Asamblea Nacional aprobó el PL 641 y el Ejecutivo lo sancionó hoy como Ley 926. A partir del período fiscal 2027, las multinacionales sin presencia real en Panamá pagarán 15% sobre rentas pasivas extranjeras. La revisión de la UE llega en octubre.
Qué pasó
Panamá tiene ley de sustancia económica. La Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el Proyecto de Ley 641, sancionado de inmediato por el Ejecutivo como Ley 926 de 2026 y publicado hoy en la Gaceta Oficial N° 30534 B. La norma entra en vigor a partir del período fiscal 2027 y establece que las entidades de grupos multinacionales con sede en Panamá que reciban rentas pasivas del exterior deben demostrar presencia económica real en el país — o pagar un impuesto del 15% sobre la renta neta.
La lógica es binaria: las entidades que acrediten personal, instalaciones y decisiones estratégicas en Panamá quedan como “entidades calificadas” y sus rentas pasivas de fuente extranjera siguen siendo no gravables bajo el principio de territorialidad. Las que no lo hagan — o no reporten — son “entidades no calificadas” y pagan la tarifa única. Nota editorial: la versión final aprobada grava la renta neta (ingresos menos costos y gastos directamente relacionados), no la renta bruta como proponía el texto original del MEF — un ajuste relevante obtenido durante los debates.
Big Numbers
Fuentes: Gaceta Oficial N° 30534 B · Ley 926 de 2026 · nexo.la
De la lista negra a la Ley 926
Fuentes: Gaceta Oficial N° 30534 B · MEF · nexo.la
Por qué importa
La ley cambia el costo de ser una sociedad de papel en Panamá. Hasta hoy, una empresa multinacional con domicilio panameño pero sin empleados ni operaciones locales podía recibir dividendos, regalías o intereses del exterior sin pagar un centavo de renta. A partir de 2027, mantener esa estructura tiene un precio: 15% sobre la renta neta, más multas y recargos si no se reporta.
Para Panamá como plaza, el efecto es mixto. Las empresas con operaciones reales — que ya tienen empleados y gastos en el país — no pagan nada nuevo y de hecho ganan: operar desde una jurisdicción fuera de la lista negra reduce fricciones bancarias internacionales y costos de cumplimiento. Las estructuras de papel enfrentan la disyuntiva de sustancializarse o relocalizarse. El ganador directo es el sector de servicios profesionales — abogados, contadores, administradores de empresas — que acompaña ese proceso.
La revisión de octubre de la UE es el plazo real. Chapman fue directo durante los debates: si la ley queda “en buena forma”, Panamá podría salir del Anexo I en octubre o, a más tardar, en la revisión de febrero de 2027. La norma todavía requiere reglamentación — el MEF tiene 90 días — y la UE evaluará si los requisitos de sustancia son suficientemente exigentes. La ley aprobada incluye cláusula antiabuso (Art. 707-K), lo que era una exigencia expresa del bloque europeo.
Luis Ocando sobre la implementación
Socio director · Deloitte Panamá
“Aplicar la sustancia económica con mesura.”
— Luis Ocando, entrevista con Nexo (mayo 2026)
Lo que sigue
El Ejecutivo tiene hasta fines de agosto para publicar el reglamento que defina cómo se acredita la sustancia económica — número mínimo de empleados, nivel de gastos operativos, criterios para la tercerización. Ese reglamento determinará qué tan exigente resulta la ley en la práctica y, en buena medida, la respuesta de la UE en octubre.
Fuentes: Gaceta Oficial N° 30534 B — Ley 926 de 27 de mayo de 2026 · nexo.la — PL 641: qué dice la ley · MEF, comunicado oficial · Infobae/EFE (declaraciones Chapman, 28 mayo 2026)
