Mulino designa equipo interinstitucional para definir futuro de mina

El presidente José Raúl Mulino designó un equipo interinstitucional integrado por los ministerios de Ambiente (MiAmbiente), Comercio e Industrias (MICI) y Economía y Finanzas (MEF) para estudiar el informe final de la auditoría de Cobre Panamá y presentar recomendaciones al Ejecutivo. La conformación del equipo es el siguiente paso visible en el proceso que Mulino prometió resolver en junio.

La auditoría, a cargo de la consultora internacional SGS Panama Control Services, lleva más de siete meses activa y terminó con un retraso. El informe final —esperado el 29 de mayo— no llegó: SGS solicitó una nueva prórroga para completar verificaciones técnicas y compilar los 15 tomos del documento. Sin ese informe, el gobierno no puede anunciar nada.

Por qué importa ahora

Cobre Panamá fue durante años uno de los principales motores de la economía panameña. La mina llegó a representar aproximadamente el 5% del PIB, generaba 7,000 empleos directos y cerca de 30,000 indirectos, y aportaba el 1% del suministro mundial de cobre. Su cierre, ordenado por la Corte Suprema en noviembre de 2023, dejó un vacío económico que todavía no se ha resuelto.

Mientras el gobierno decide, el procesamiento de los stockpiles avanza. El MICI firmó en abril la resolución que autoriza procesar 38 millones de toneladas de mineral acumulado en las pilas de acopio, lo que producirá unas 70,000 toneladas de concentrado valoradas en aproximadamente $892M — la mayor exportación de 2026. First Quantum ya inició la operación con cerca de 1,000 trabajadores y una inversión de $250M.

Los hallazgos técnicos que complican la decisión

Los seis informes parciales de SGS revelaron que los 370 compromisos ambientales del proyecto presentan incumplimientos reales pero subsanables. El hallazgo más sensible es el drenaje ácido de roca (DAR): el material expuesto a la intemperie durante 30 meses de parálisis ha acelerado el riesgo de contaminación de fuentes de agua. Hay también deficiencias en biodiversidad y reforestación fragmentada.

El informe final —el séptimo y definitivo— incluirá la matriz completa de riesgos y la evaluación de cumplimiento de cada uno de los 370 compromisos. Una vez el equipo interinstitucional lo analice, Mulino tomará la decisión: reapertura bajo nuevas condiciones, cierre ordenado, o una fórmula intermedia.

El peso del arbitraje

En paralelo al proceso técnico, Panamá aún carga con $27,000 millones en arbitrajes internacionales suspendidos de First Quantum y Franco Nevada —suspendidos, no desistidos— como condición de Mulino para comenzar negociaciones. Un cuarto arbitraje por $2,000M fue desistido definitivamente. Si la negociación fracasa, esos casos vuelven a activarse.

Bank of America, en su reporte Panama Watch de mayo, identificó la mina como uno de los tres catalizadores del perfil financiero del país, junto con el Canal y la consolidación fiscal. Los bonos panameños ya cotizan a nivel BBB implícito —una mejora sustancial frente al BB- de enero de 2025.

Qué sigue

El equipo interinstitucional deberá revisar el informe final de SGS una vez sea entregado, cruzarlo con los aspectos legales, fiscales y laborales, y presentar sus recomendaciones al Presidente. Mulino ha sido claro en que no impulsará un nuevo contrato ley ante la Asamblea Nacional —vía que desencadenó las protestas de 2023. La fórmula legal alternativa aún no ha sido definida públicamente.

El 55% de los panameños apoya la reapertura de la mina, según una encuesta de Gallup de abril de 2026, aunque la posición ha sido históricamente volátil. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro — ambientalista declarado que en 2024 apoyaba el cierre ordenado — ahora coordina el proceso técnico junto al MICI de Julio Moltó.

Nexo lleva cubriendo el expediente Cobre Panamá desde el cierre de la mina. Para leer la cobertura completa, visita el tag Minería en nexo.la.