Auditoría de Cobre Panamá adelanta incumplimientos y riesgos: lo que revelan los 15 tomos antes del veredicto final

La auditoría más grande en la historia de Panamá está a punto de cerrar

Durante seis meses, un equipo de más de 20 especialistas internacionales de SGS recorrió los tajos, las pozas, los predios de reforestación, las comunidades y cada rincón de los 13,000 hectáreas de Cobre Panamá. Su misión: verificar si la mina más grande de Centroamérica cumplió con los 370 compromisos ambientales que asumió ante el Estado panameño.

El sexto y último informe parcial — 15 tomos, más de 700 páginas — fue entregado a MiAmbiente el 24 de abril de 2026. Nexo revisó los 15 tomos. Lo que encontramos son hallazgos ambientales concretos y verificables, pero también una verdad incómoda que nadie en el debate público está articulando: la mayoría de los problemas detectados son subsanables, y la parálisis de 30 meses los está agravando — no resolviendo.

Qué encontró la auditoría

SGS visitó 97 de 139 predios de reforestación en tres jornadas de inspección entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Los hallazgos se dividen en dos categorías que es fundamental separar para entender qué se debe corregir y quién es responsable.

Lo que estaba roto cuando la mina operaba (2019–2023)

Estos son incumplimientos que ocurrieron durante la operación activa de Cobre Panamá, cuando First Quantum producía 350,000 toneladas de cobre al año:

Reforestación con registro cuestionado: SGS encontró predios reportados como reforestados donde nunca se sembró, inconsistencias entre las especies nativas planificadas y las realmente plantadas, y propietarios de predios que desconocían su obligación de conservar las áreas reforestadas.

Compensación ecológica sin estrategia de paisaje: las acciones de compensación y rescate de biodiversidad se ejecutaron en parcelas pequeñas y dispersas, sin una estrategia integral a nivel de ecorregión que garantice el mantenimiento de la biodiversidad.

Flora: criterios técnicos no cumplidos: las campañas de búsqueda de especies fuera de la huella del proyecto no demostraron el cumplimiento de los criterios espaciales exigidos por el EIA — evaluar una franja mínima de 500 metros desde la huella e identificar al menos tres poblaciones separadas por 1.6 kilómetros.

Lo que rompió la parálisis (2023–2026)

Estos problemas son consecuencia directa del cese de operaciones en noviembre de 2023 y de la falta de decisiones gubernamentales durante 30 meses:

Reforestación en deterioro acelerado: la suspensión del financiamiento provocó pérdida parcial o total de individuos sembrados, enmalezamiento, avance de vegetación secundaria y daños por ganadería — pisoteo y ramoneo en predios donde las cercas no se repusieron. Los incendios forestales agravaron el cuadro.

Drenaje ácido de roca avanzando: en el Botadero Sur, SGS constató que cerca de 20 millones de metros cúbicos de material estéril presentan coloración oxidada característica de formaciones con presencia de sulfuros. Cada temporada de lluvia sin intervención acelera la generación de aguas ácidas que contaminan el entorno.

Programa de biodiversidad suspendido: el programa TAPYRES para la conservación del tapir completó su Fase I (Plan de Acción 2024-2033), pero las fases de implementación se suspendieron por el cese de operaciones. El apoyo al Corredor Biológico Mesoamericano y a los Parques Nacionales Santa Fe y Omar Torrijos se detuvo.

En el Tajo Botija, los auditores descendieron al fondo de la excavación de 105 metros de profundidad y encontraron dos palas eléctricas fuera de operación y una acumulación de agua con coloración turquesa característica, evidencia visible de la mineralización expuesta. Una barcaza flotante equipada con bombas de alta capacidad mantiene el nivel del agua bajo control — una operación que cuesta millones cada mes sin producir un gramo de cobre.

Lo que se hizo bien

No todo son malas noticias. La decisión de autorizar el procesamiento de las 38 millones de toneladas de mineral acopiado, tomada en abril de 2026, está técnicamente respaldada por la auditoría. SGS valida que procesar este mineral es una "medida de control primario" que encapsula los sulfuros reactivos, reduce la lixiviación de metales pesados y elimina la necesidad de tratamiento de aguas a perpetuidad.

La presa de relaves opera de forma estable con recirculación de agua, descarga controlada por túnel y pH neutro. Los sistemas de monitoreo geotécnico (piezómetros, inclinómetros, georradar) funcionan. Las emisiones atmosféricas de la planta termoeléctrica cumplen norma. Los metales pesados en agua se mantienen históricamente bajo los límites normativos.

Por qué importa

El costo de la parálisis no es abstracto. SGS visitó las comunidades del área de influencia y documentó el impacto. El vocero de APROALAC (productores de tilapia), Elías Sánchez, indicó que no cuentan con apoyo ni capacidad económica para invertir en el negocio desde el cierre de la mina. Solo 80 residentes de 19 comunidades mantienen empleo temporal bajo el PGS — en labores de mantenimiento, jardinería y soldadura.

Mientras tanto, mantener la mina parada cuesta aproximadamente $16 millones mensuales — casi $500 millones gastados desde el cierre sin generar un dólar de ingresos para el país. La presa de relaves, los tajos, los sistemas de bombeo y la infraestructura portuaria requieren vigilancia permanente independientemente de si la mina opera o no.

Los hallazgos ambientales son argumento para decidir, no para aplazar. La reforestación deteriorada necesita financiamiento urgente — pero ese financiamiento solo viene si la mina genera ingresos. El drenaje ácido necesita procesamiento de mineral — que ya se autorizó. La compensación ecológica necesita rediseño estratégico — pero eso requiere un operador con obligaciones claras y fiscalización continua.

Lo que sigue

El informe final de la auditoría (No. 7) se entrega en las próximas semanas. Traerá por primera vez las calificaciones definitivas de los 370 compromisos, usando una escala de cinco niveles que va desde "Cumplimiento/Optimizado" hasta "No Cumplimiento/Inexistente". También revelará los resultados del componente legal, fiscal y tributario — regalías, pagos al Estado, condiciones laborales — que el sexto informe reservó por completo.

El Gobierno enfrenta tres decisiones que ya no pueden esperar:

Primera: definir quién opera la mina — si First Quantum bajo un nuevo marco, otro operador privado mediante licitación, el propio Estado panameño a través de una empresa pública, o si se procede al cierre definitivo. Cada escenario tiene implicaciones financieras, ambientales y de capacidad técnica radicalmente distintas.

Segunda: establecer las condiciones ambientales y fiscales de cualquier modelo futuro. La auditoría está entregando el diagnóstico más detallado que ha existido sobre el proyecto — usarlo.

Tercera y más importante: implementar un mecanismo de fiscalización ambiental continua que no dependa de auditorías retroactivas. Los 370 compromisos del EIA existían desde 2011 y nadie los verificó con rigor durante 12 años. Eso no puede repetirse — sea quien sea el operador.

Nota metodológica — Nexo revisó los 15 tomos del Informe Mensual No. 6 de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, elaborado por SGS Panamá Control Services Inc. para MiAmbiente (24 de abril de 2026, período del 8 de marzo al 8 de abril de 2026). Los hallazgos ambientales citados provienen del Tomo 05 (532 páginas, análisis compromiso por compromiso de los 370 del EsIA) y del Tomo 07 (inspecciones de campo con registro fotográfico). Fotografías del informe oficial de SGS. Datos sobre el procesamiento autorizado provienen de la Gaceta Oficial No. 30498 y de First Quantum Minerals. El costo del PGS (~$16M/mes) proviene del reporte Q1 2026 de FQM. Las observaciones comunitarias fueron documentadas por SGS durante las visitas de campo de noviembre-diciembre de 2025.