Bioetanol en Panamá: 15 años de intentos y otro freno en la Asamblea
La Asamblea suspendió el Proyecto 443 con 55 votos tras revelarse los vínculos de tres ingenios azucareros con funcionarios del gobierno. Nexo reconstruye los 15 años del bioetanol en Panamá.
La Asamblea Nacional suspendió ayer el debate del Proyecto de Ley 443 —el que haría obligatoria la mezcla de bioetanol en toda la gasolina del país— con 55 votos a favor y ninguno en contra. El giro fue inesperado: los votos para la aprobación final parecían asegurados. El detonante fue una investigación periodística que reveló los vínculos de tres de los cuatro ingenios azucareros del país con funcionarios del gobierno actual.
Una ley que lleva 15 años tratando de nacer
La cronología completa del bioetanol obligatorio en Panamá
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mar
2025
2026
2026
2026
Fuentes: Asamblea Nacional, SNE, La Estrella de Panamá, La Prensa, Proyecto de Ley 443, Ley 355 de 2023. Elaboración: nexo.la
Una ley que lleva 15 años sin concretarse
El bioetanol no es una idea nueva en Panamá. La Ley 42, aprobada durante el gobierno de Ricardo Martinelli en 2011, ya establecía que para 2016 toda la gasolina nacional debería contener un 10% de bioetanol anhidro. Entre 2013 y 2014, el país comercializó brevemente gasolina con mezcla de etanol —la única vez que esto ha sucedido en su historia. El experimento duró poco: el gobierno de Martinelli había fijado precios de compra al productor local muy por encima del mercado internacional, haciéndolo insostenible.
Cuando Juan Carlos Varela asumió en 2014, reajustó a la baja el precio de compra del etanol a niveles que hicieron el negocio inviable para los productores locales, y dejó el programa en suspenso administrativo. La Ley 42 quedó vigente pero sin implementación durante casi una década.
En enero de 2023, el gobierno de Laurentino Cortizo intentó retomar el camino con la Ley 355: una ruta graduada que arrancaba en 5% y llegaba al 10% en abril de 2026, con una cláusula de salvaguarda para suspender si el precio al consumidor subía de forma considerable. Pero al cierre de su mandato, en marzo de 2024, el propio Cortizo suspendió la implementación hasta el 1 de abril de 2026. La historia se repitió.
El Proyecto 443: sin gradualidad y con más polémica
El gobierno de Mulino decidió no retomar la ruta gradual de la Ley 355. En octubre de 2025, el Ministerio de la Presidencia presentó el Proyecto 443: 10% directo, sin periodo de adaptación. El argumento central: Azucalpa, el gremio azucarero, prometía 30,000 empleos rurales directos, $500 millones en inversión y 22,000 hectáreas adicionales de caña. La SNE estimaba una reducción de 6.5–7% en emisiones de gases de efecto invernadero.
El proyecto también introdujo un esquema de protección para los productores locales: un impuesto de $0.60 por galón a la mezcla producida en Panamá, frente a $3.78 por galón a la mezcla importada. Y un precio garantizado a los productores nacionales por 15 años. Ese último punto se convirtió en uno de los más cuestionados del debate.
Los argumentos en contra
Los críticos del Proyecto 443 levantaron varios frentes. Primero, el conflicto de interés: de los cuatro ingenios azucareros que operan en Panamá, tres tienen vínculos directos con el gobierno. Calesa, donde el hermano del ministro de Economía Felipe Chapman figura como director y el asesor presidencial Aníbal Galindo tiene vínculos familiares. Cadasa, fundada y presidida hasta 2024 por el actual contralor de la República, Anel 'Bolo' Flores. Y La Victoria, fundada por el expresidente Ricardo Martinelli —hoy en el exilio en Colombia— quien desde su cuenta de X promocionaba públicamente el proyecto.
