Zapatero imputado: los cargos, las pruebas y el rastro venezolano
El expresidente español fue imputado el 19 de mayo por organización criminal y tráfico de influencias. El caso gira en torno a Plus Ultra, una aerolínea venezolana rescatada con €53M públicos. Las pruebas clave llegaron de una agencia federal de EE.UU.
Qué pasó
El 19 de mayo de 2026, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Audiencia Nacional —primera vez en la democracia española que un expresidente enfrenta cargos de corrupción. El juez José Luis Calama, en un auto de 85 páginas, lo señala como líder de una red de tráfico de influencias construida durante años alrededor de sus vínculos con el chavismo venezolano. Deberá declarar como investigado el 2 de junio.
Los cargos son tres: integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El eje del caso es el rescate de 53 millones de euros que el gobierno de Pedro Sánchez concedió en 2021 a Plus Ultra Líneas Aéreas, una aerolínea venezolana con vínculos documentados con PDVSA.
Fuentes: Auto del juez Calama (18 mayo 2026), Poder Judicial de España, Infobae · nexo.la
De qué lo acusan exactamente
El juez Calama describe a Zapatero como el "núcleo decisor y estratégico" de una estructura estable que vendía acceso a la administración española. Su rol no era el de un lobbysta que hacía llamadas: era el que fijaba precios, daba instrucciones a través de sus secretarias, y cobraba comisiones por resoluciones que favorecían a terceros. El auto señala que sus empleadas desde la oficina de la calle Ferraz en Madrid daban "cobertura formal y documental" a esa actividad.
El mecanismo concreto en el caso Plus Ultra, según el instructor: Zapatero habría gestionado que la aerolínea obtuviera el rescate de la SEPI a cambio de una comisión. Los investigados habrían celebrado la concesión del rescate antes de que el Consejo Gestor lo aprobara formalmente —lo que el juez interpreta como prueba de que alguien con acceso interno ya lo sabía. La acusación incluye también la creación de una sociedad en Dubái (Landside Dubai) para canalizar la comisión.
Pero el caso va más allá del rescate. Según el auto judicial, la oficina de Zapatero funcionaba como intermediaria obligatoria para comprar petróleo venezolano de PDVSA: cualquier comprador internacional que quisiera acceso a cargamentos de crudo debía presentar una carta de intenciones dirigida a la "Oficina del Presidente Zapatero". En el lado venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez controlaba la asignación de los barcos. Entre los compradores que habrían utilizado este canal figuran, según el auto, empresas con vínculos al Partido Comunista Chino.
El vínculo venezolano
Plus Ultra no era una aerolínea española con dificultades financieras. Era una empresa creada en 2015, con sede en España pero capital venezolano, que nunca tuvo beneficios desde su fundación y acumulaba pérdidas superiores al 50% de su capital suscrito antes de la pandemia —lo que la calificaba como "empresa en crisis" bajo la regulación europea y técnicamente la inhabilitaba para recibir rescates estatales.
Su principal accionista era Camilo Ibrahim Issa, uno de los empresarios más cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Su socio en la trama, Rodolfo Reyes Rojas, había sido vinculado a contratos con PDVSA y a la red de los Comités Locales de Abastecimiento (CLAP), el sistema chavista de distribución de alimentos que Estados Unidos ya había sancionado como vehículo de corrupción. Reyes y otros investigados aparecen también en investigaciones sobre el entorno de Álex Saab, el testaferro de Maduro extraditado a EE.UU.
El juez concluye que el dinero que circuló alrededor del rescate no tenía origen limpio: parte habría provenido de operaciones petroleras de PDVSA, con transferencias a cuentas en Suiza, Luxemburgo y Dubái. Por su parte, el comisionista Víctor de Aldama —testigo clave también en el caso Koldo— declaró ante el Senado español que Zapatero habría recibido una comisión de 10 millones de euros enviada a Panamá, extremo que no ha sido acreditado judicialmente.
El papel de Estados Unidos
La participación de Washington es uno de los elementos más inusuales del caso. Homeland Security Investigations (HSI), la unidad de investigación criminal del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., entregó a la Brigada de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional española la extracción completa del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas. Esos mensajes son la columna vertebral del auto de imputación.
Desde ese teléfono, el juez reconstruyó la secuencia que implica a Zapatero: el 4 de julio de 2020, el presidente de Plus Ultra le escribe a Reyes que el rescate "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana". Reyes responde pidiendo "el 5% de lo que den a Iberia y Europa". Tres semanas después, tras una reunión en el Ministerio de Transportes, Reyes escribe: "Nuestro pana Zapatero detrás."
La presencia de HSI no es fortuita. La agencia solo interviene cuando detecta ramificaciones transnacionales que se superponen con investigaciones propias sobre crimen organizado, blanqueo o evasión de sanciones. El caso Plus Ultra cruzaba varias de sus líneas de interés: dinero venezolano bajo sanciones del OFAC, posibles vínculos con la red Saab, y transferencias a través de bancos ya marcados por el Tesoro. Un portavoz del DHS confirmó a Reuters que HSI en Madrid "colaboró con la Policía Nacional en una investigación sobre el blanqueo de fondos públicos internacionales."
Lo que sigue
El 2 de junio Zapatero declarará ante el juez Calama. Tras esa audiencia, la acusación popular solicitará prisión provisional alegando riesgo de fuga —sus contactos internacionales y la ramificación exterior de la investigación son el argumento central. El gobierno de Sánchez ha respaldado al expresidente, pero dijo que esperará la decisión judicial.
Para la región, el caso tiene una dimensión propia: varios países latinoamericanos con relaciones activas con el chavismo, incluyendo intermediarios financieros en Panamá y otros centros, aparecen en el mapa de transferencias que la UDEF y la HSI siguen rastreando. La colaboración entre Washington y Madrid en este caso marca un precedente sobre cómo se investigan tramas que mezclan fondos públicos europeos con redes de corrupción chavistas.
Fuentes: Auto del juez José Luis Calama (18 mayo 2026), Audiencia Nacional de España — Poder Judicial de España · Infobae / HSI-DHS · Infobae / PDVSA-Venezuela · The Objective · Voz Pópuli
