La propuesta: reparar escuelas con ISR
Un abogado panameño propone usar el marco fiscal existente para que empresas privadas financien la reparación de escuelas públicas y deduzcan esa inversión del ISR. El mecanismo legal ya existe — lo que falta es activarlo.
El problema en una oración
Panamá tiene 113,347 jóvenes desempleados — y uno de los factores más citados es un sistema educativo que no entrega las habilidades que el mercado laboral necesita. Parte del problema es físico: escuelas en deterioro, sin conectividad, sin infraestructura mínima para enseñar en condiciones.
La pregunta que plantea Rodrigo Julio Molina Ortega, abogado y socio fundador de Molina & Co., es directa: ¿por qué no usar el marco fiscal ya existente para que el sector privado repare esas escuelas, y deduzca el costo del ISR?
La propuesta en tres pasos
Permite deducciones por donaciones a entidades de beneficio público reconocidas por el MEF, incluyendo proyectos educativos.
Marco general de incentivos fiscales. Las empresas pueden deducir hasta el 1% de su renta gravable en proyectos de interés social aprobados.
Regula los convenios de colaboración público-privada en infraestructura pública. Permite que empresas privadas ejecuten obras a cambio de reconocimiento fiscal.
Ley 93 de 2019. Habilita estructuras contractuales entre el Estado y privados para proyectos de infraestructura social, incluyendo educación.
Esta revisión legal es orientativa. Todo proyecto debe ser validado por un asesor jurídico y aprobado por el MEF y la Contraloría.
Por qué esto puede funcionar
El modelo no es nuevo. Países como México, Colombia y Brasil tienen programas similares de obras por impuestos con tasas de ejecución superiores al 70%. En Panamá, la figura legal existe — lo que no existe es el programa que la active.
Para la empresa, el beneficio es doble: reduce su carga fiscal y gana visibilidad en una causa concreta y verificable, con impacto en la comunidad donde opera. Para el Estado, es una forma de multiplicar su capacidad de inversión sin aumentar el gasto público.
El riesgo más señalado es la captura política del proceso — que las empresas elijan escuelas por criterios de imagen en lugar de necesidad real. La solución es un padrón público de prioridades establecido por el MEDUCA con criterios técnicos, no discrecionales.
“El Estado no puede reparar todas las escuelas solo. Pero si creamos el mecanismo correcto, el sector privado puede hacer parte de ese trabajo — y obtener un beneficio fiscal legítimo a cambio. El marco legal ya existe. Lo que falta es voluntad para activarlo.”
— Rodrigo Julio Molina Ortega · Socio Fundador, Molina & Co.
Lo que faltaría para implementarlo
El programa requeriría, como mínimo, tres acciones: (1) un decreto ejecutivo que regule el mecanismo de deducción específico para infraestructura educativa; (2) un registro público de obras priorizadas gestionado por el MEDUCA con criterios técnicos verificables; y (3) un protocolo de auditoría conjunta entre la DGI y la Contraloría para validar la ejecución y aprobar la deducción.
Nada de esto requiere nueva legislación. Solo requiere que alguien en el gobierno decida que vale la pena hacerlo.
¿Tienes una propuesta sobre educación, empleo u otro tema de política pública que Nexo cubre? Escríbenos a info@nexo.la. Las mejores propuestas se publican en esta sección.
Esta propuesta fue enviada por Rodrigo Julio Molina Ortega, abogado, socio fundador de Molina & Co. (Costa del Este, Panamá) como respuesta a la nota de nexo.la "El sistema educativo que fabrica desempleo", publicada en abril de 2026. Si tienes una propuesta para el tema educación, envíanosla a info@nexo.la.
Redacción nexo.la
