Mulino convoca sesiones extraordinarias para aprobar la Ley de Sustancia Económica
Mulino firmó el Decreto 87 para convocar sesiones extraordinarias del 4 de mayo al 5 de junio. El único punto de agenda: aprobar la Ley de Sustancia Económica que Panamá necesita para salir de la lista de paraísos fiscales de la UE.
Qué dice el decreto
El Decreto 87, publicado hoy en la Gaceta Oficial Digital y firmado por Mulino, convoca a sesiones extraordinarias a partir del 4 de mayo y hasta el 5 de junio de 2026. El documento establece un único punto de agenda: considerar el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, y dicta otras disposiciones.
El decreto se ampara en los artículos 149, 166 y 183 (numeral 4) de la Constitución Política, que facultan al Presidente a convocar sesiones extraordinarias para que la Asamblea conozca exclusivamente los asuntos que el Ejecutivo someta a su consideración.
Qué es el proyecto de ley
El proyecto busca incorporar el artículo 694-A al Código Fiscal, que gravaría de manera excepcional las rentas pasivas de fuente extranjera —dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital— cuando sean percibidas por entidades de grupos multinacionales que no demuestren sustancia económica en Panamá.
En términos prácticos, esto significa que las empresas multinacionales con presencia en Panamá que reciban estos ingresos del exterior deberán demostrar que tienen empleados reales, oficinas, toma de decisiones y gastos operativos en el país. Si no lo demuestran, esas rentas se gravarían con la tarifa general del impuesto sobre la renta.
El principio de territorialidad —que solo grava rentas generadas dentro de Panamá— se mantiene. La reforma no lo elimina, sino que le agrega una condición: las empresas multinacionales ya no pueden simplemente declarar que una renta es extranjera para eximirse del impuesto. Deben probarlo con presencia real.
Por qué importa
La reforma responde a una exigencia directa de la Unión Europea. Panamá permanece en la lista de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales de la UE (la llamada "lista de paraísos fiscales") desde que fue incluida en 2017, tras los Panama Papers. La UE considera que el sistema panameño es perjudicial porque excluye de manera incondicional las rentas pasivas de fuente extranjera del gravamen.
La próxima evaluación de Panamá ante el Grupo del Código de Conducta de la UE está prevista para octubre de 2026. Para aspirar a salir de la lista, el país necesita tener la ley aprobada y vigente antes de esa fecha. Con las sesiones ordinarias terminando hoy 30 de abril sin que el proyecto pasara por la Asamblea, las sesiones extraordinarias eran la única ventana disponible.
El contexto fiscal más amplio
Esta reforma se suma a otros pasos recientes del gobierno para alinear a Panamá con estándares internacionales. En diciembre de 2025, Panamá firmó dos acuerdos multilaterales para el intercambio automático de información tributaria, incluyendo el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) y una adenda al Estándar Común de Reporte (CRS), en el marco del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia.
El MEF, encabezado por Felipe Chapman, circuló el borrador de la ley entre expertos tributarios a finales de 2025 y ha sostenido consultas con el sector privado durante los primeros meses de 2026. La ley replica modelos adoptados previamente por Uruguay y Costa Rica —jurisdicciones que también aplicaban territorialidad y que ajustaron sus sistemas para cumplir los criterios europeos.
Qué sigue
La Asamblea tiene ahora 33 días calendario (del 4 de mayo al 5 de junio) para debatir y aprobar el proyecto en los tres debates que exige la Constitución. El proyecto de ley fue el único tema incluido en la convocatoria, lo que concentra la agenda legislativa exclusivamente en esta reforma.
Si se aprueba a tiempo, Panamá llegaría a la evaluación de octubre con la legislación en vigor. Si no, el país permanecería en la lista de la UE con las consecuencias reputacionales y de acceso a mercados que eso implica para su centro financiero.
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Redacción nexo.la
Fuente: Decreto N.° 87 de 30 de abril de 2026, Gaceta Oficial Digital de Panamá.
