El país que no conoce su propio territorio: Banco Mundial aprueba US$60M para el catastro de Panamá
Solo el 36% del territorio de Panamá tiene información catastral y apenas el 19% está titulado. Un financiamiento de US$60 millones del Banco Mundial busca construir el catastro digital que el país nunca tuvo.
Las cifras del Banco Mundial son contundentes: solo el 36% del territorio nacional tiene algún tipo de información catastral — y la mayor parte está desactualizada por unos 20 años. Apenas el 19% de las propiedades está titulado, concentrado casi exclusivamente en áreas urbanas, donde se ubica el 70% de los títulos registrados.
El proceso de titulación rural, regulado por la Ley 37 del Código Agrario, involucra 16 pasos y puede tomar casi cuatro años. El costo es elevado y la velocidad, inferior a la de países comparables de la región.
Panamá es, de hecho, uno de los pocos países de América Latina de ingreso medio-alto que carece de un mapa digital georeferenciado completo donde cualquier ciudadano pueda consultar la ubicación, linderos y estatus legal de una propiedad. Colombia, con desafíos similares de ruralidad y conflicto, ya cuenta con un Geovisor Catastral operativo del IGAC y ha actualizado el 27% de su territorio con enfoque multipropósito, triplicando la cifra que tenía en 2018.
Territorio con información catastral actualizada
Porcentaje del territorio nacional con cobertura catastral vigente, por país
Fuente: Banco Mundial (PID P511840, 2025), IGAC Colombia (2025), SNR México. Nota: los datos de Colombia y México corresponden a la cobertura reportada más reciente.
Tres sistemas que no se hablan
El documento técnico del Banco Mundial (PID P511840) identifica el núcleo del problema: la fragmentación entre tres bases de datos que deberían funcionar como una sola.
La ANATI (Autoridad Nacional de Administración de Tierras) maneja los datos catastrales — valuaciones, uso de suelo, ubicación de parcelas — pero carece de una base interoperable con las otras entidades. El Registro Público contiene la información legal de propiedad — titularidad, gravámenes, inscripciones — pero no incluye atributos técnicos como valuación o uso de suelo. Y la DGI (Dirección General de Ingresos) del MEF administra los datos fiscales a través del RUC, pero ese sistema no está integrado con los datos catastrales ni registrales.
El resultado es que no existe un identificador único de propiedad que conecte las tres bases. La DGI no puede cruzar eficientemente las propiedades con sus contribuyentes, detectar mejoras no declaradas ni verificar exenciones. Un comprador de vivienda en Panamá debe consultar tres instituciones distintas para tener certeza sobre una sola propiedad.
