Sacyr gana impulso global mientras espera el fallo del arbitraje más grande del Canal de Panamá
Sacyr fortaleció su cartera global en 2025 mientras sigue pendiente el arbitraje por “perturbaciones”, donde la constructora reclama más de $3,500 millones a Panamá. El proceso definirá si la empresa logra recuperar costos adicionales vinculados a la ampliación del Canal.
El desempeño financiero de Sacyr en 2025 evidenció una capacidad de generación de cartera que destacó incluso bajo un entorno legal adverso en Panamá. La constructora cerró el año con €12,470 millones en su división de ingeniería e infraestructuras, un incremento del 16% frente a 2024. En paralelo, la cartera consolidada del grupo ascendió a €67,425 millones, equivalente a un crecimiento del 6%, lo que refuerza la visibilidad de ingresos futuros y la solidez operativa del conglomerado.
Este fortalecimiento comercial coincidió con el desenlace de un arbitraje relevante. El 31 de octubre de 2025, el Tribunal Arbitral desestimó la demanda de inversión que Sacyr había presentado contra el Estado panameño por $2,362.7 millones, e impuso a la compañía el pago de $6.39 millones en costas y gastos legales. Aunque el fallo representa un impacto puntual, no altera la tendencia positiva en la expansión de cartera del grupo, pero sí mantiene la presión legal vinculada a su participación en el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC).
Los reclamos iniciales del consorcio por presuntos sobrecostos superaban los $5,200 millones. Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá ha logrado evitar o recuperar montos significativos: $847 millones en adelantos y $271.8 millones por laudos relacionados con la calidad del concreto y agregados. Estas resoluciones han reducido el riesgo financiero inmediato para la ACP y acotado su exposición en los procesos derivados de la ampliación.
La única reclamación aún en trámite es el arbitraje por “perturbaciones”, cuyo monto supera los $3,500 millones. Este proceso constituye el principal pasivo contingente remanente para la vía interoceánica y un elemento central en el perfil de riesgo del proyecto. Para Sacyr, un fallo adverso no generaría una obligación económica significativa, más allá de eventuales costas procesales; el impacto principal sería no obtener el reconocimiento del ingreso extraordinario reclamado, limitando la recuperación de costos y la mejora potencial de su posición financiera. Para Panamá, en cambio, un fallo desfavorable implicaría asumir un desembolso o un pasivo relevante por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, con efectos sobre su capacidad de inversión y la planificación operativa del Canal. El resultado del arbitraje cerrará uno de los procesos más complejos asociados a la ampliación.
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