Puerto Barú: la Procuraduría avala el EIA mientras Chiriquí espera empleos
La Procuraduría recomendó a la Corte Suprema declarar 'no ilegal' el estudio ambiental de Puerto Barú. El fallo final está pendiente mientras Chiriquí enfrenta crisis laboral y la Unesco espera un informe de impacto sobre Coiba.
¿Cuánto sabes del proyecto Puerto Barú?
El proyecto más polémico de Chiriquí está a un fallo de la Corte Suprema de seguir adelante. Antes de leer, dinos: ¿qué tanto lo conoces?
Qué pasó
La Procuraduría de la Administración recomendó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declarar "no ilegal" la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Barú, en David, Chiriquí. La institución concluyó que los demandantes no aportaron pruebas suficientes para demostrar irregularidades en la actuación del Ministerio de Ambiente.
El pronunciamiento no obliga a la Corte, pero es la señal institucional más clara a favor del proyecto desde que comenzó el litigio. La decisión final sigue en manos de los magistrados.
Puerto Barú y la única carretera de Chiriquí
© OpenStreetMap · elaboración Nexo
Puerto Barú en cifras
Fuentes: MICI, TVN, INEC vía René Quevedo · nexo.la
El contexto que no se puede ignorar
Chiriquí cerró 2025 con la mayor pérdida de empleos en años. Según datos del INEC procesados por el consultor René Quevedo, la provincia perdió más de 36 mil plazas, principalmente en agricultura, comercio y hotelería. La tasa de desocupación llegó al 11.9% en octubre de 2024 —una de las más altas del país.
Detrás de esa cifra hay un éxodo silencioso. Entre 2013 y 2023, más de 114 mil chiricanos migraron hacia la capital en busca de trabajo, según la Unachi. Eso equivale a más del 11% de la población de la provincia.
Y hay algo más que pocas veces se menciona: Chiriquí es el principal proveedor de leche, carne y vegetales de todo Panamá — y hoy depende de una sola carretera para sacar su producción al resto del país. Puerto Barú le daría a la provincia una salida directa al mundo: exportar sin pasar por la capital, conectar con mercados centroamericanos y reducir los costos logísticos que hoy castigan al agro chiricano.
La empresa promotora informó que, en los primeros cinco meses de su fase inicial, el proyecto generó 89 empleos directos y 31 indirectos, todos con mano de obra chiricana, y que más de 20,000 personas ya enviaron su hoja de vida.
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Lo que exigen los ambientalistas
Seis organizaciones — entre ellas CIAM, CEASPA y Adopta Bosque — llevan la demanda desde septiembre de 2024. Su argumento central: el EIA aprobado el 16 de enero de ese año nunca evaluó correctamente lo que está en juego.
Sus cuestionamientos principales son tres:
1. Los manglares de David. El canal de navegación que necesita el puerto requiere un dragado de 31 kilómetros dentro del humedal, que contiene el 25% de los manglares de todo Panamá. Las organizaciones advierten que ese dragado — y los mantenimientos periódicos — causarían daños irreversibles a ecosistemas de los que dependen cientos de especies marinas.
2. La consulta pública fue una simulación. Alegan que Miambiente aprobó el EIA sin ponderar los comentarios ciudadanos recibidos durante el proceso, y que el promotor obtuvo oportunidades adicionales para aclarar su estudio más allá de lo permitido por ley.
3. Riesgo para Coiba. La Unesco alertó sobre los posibles impactos del proyecto en el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina — Patrimonio Mundial desde 2005. El Comité de Patrimonio Mundial emitió la Decisión 47 COM 7B.39 y solicitó al Estado panameño una reevaluación formal.
El conflicto escaló en agosto de 2025, cuando la empresa promotora presentó querellas penales por calumnia e injuria contra CIAM y Adopta Bosque. En febrero de 2026, un tribunal ordenó el secuestro preventivo de cuentas y bienes de ambas organizaciones — medida que generó alarma entre defensores del medioambiente en toda América Latina.
Lo que dijo MiAmbiente
El Ministerio de Ambiente ya se pronunció sobre el tema: en un comunicado oficial del 6 de abril de 2026, confirmó que está analizando las implicaciones de la decisión de la Unesco y que emitirá una posición formal una vez concluidas las evaluaciones técnicas.
La posición de la Procuraduría
La Procuraduría revisó las pruebas y peritajes presentados entre marzo y abril de 2025 por los demandantes. Su conclusión: ninguna de esas pruebas demuestra que Miambiente actuó de forma ilegal al aprobar el EIA. La institución recordó, con base en el artículo 784 del Código Judicial, que la carga de la prueba recae sobre quien demanda — y que esa carga no fue cumplida.
Joana Ábrego, gerente legal del CIAM, fue precisa: el pronunciamiento de la Procuraduría no es vinculante. Los magistrados de la Sala Tercera tienen plena libertad para fallar en cualquier dirección, tomando en cuenta tanto el expediente judicial como el proceso de evaluación ambiental que sigue activo ante la Unesco.
Lo que sigue
Tres procesos corren en paralelo, con plazos distintos: la Sala Tercera de la CSJ debe fallar sobre la legalidad del EIA (sin fecha confirmada); MiAmbiente debe entregar su informe técnico a la Unesco antes del 1 de diciembre de 2026; y la misión de asesoramiento de la Unesco está prevista para mediados de 2026. Mientras tanto, la construcción del puerto sigue activa — la CSJ negó la suspensión provisional solicitada por los demandantes.
Fuentes: La Prensa — Procuraduría recomienda 'no ilegal' · MiAmbiente — Comunicado oficial, 6 abr. 2026 · CIAM — Demanda de nulidad, sep. 2024 · MICI — Visita al proyecto, nov. 2025 · TVN — Lanzamiento, ene. 2025 · INEC vía El Capital Financiero · La Prensa — Unesco pide reevaluar Puerto Barú
