PPC denuncia toma ilegal de los puertos y advierte riesgos regulatorios para Panamá
PPC denunció que, tras la publicación del fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la concesión, el Estado tomó control de Balboa y Cristóbal, obligó a suspender operaciones y expuso a Panamá a riesgos regulatorios y posibles arbitrajes.
Panama Ports Company (PPC) denunció que la intervención estatal en los puertos de Balboa y Cristóbal, ejecutada el 23 de febrero de 2026 tras la publicación del fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la concesión y del Decreto Ejecutivo 23, constituye una toma ilegal que obliga a la empresa a detener operaciones. El Gobierno ingresó a las terminales, tomó control de personal y activos, y comunicó que la concesión “ya no existe”.
La compañía sostiene que el Estado actuó sin coordinación ni fundamento legal, y que la ocupación incluye todos los bienes muebles: grúas, equipos, vehículos, sistemas y software. PPC afirma que intentó dialogar en semanas recientes, pero no recibió garantías operativas ni claridad sobre un plan de transición. Tampoco ha habido compensación por activos bajo control estatal.
El conflicto marca el punto más alto de una disputa iniciada hace un año, cuando el propio Estado impulsó procesos que derivaron en la anulación del contrato. PPC advierte que la forma en que se ejecutó la intervención genera riesgos inmediatos para la operación logística del país y expone a Panamá a un choque regulatorio en infraestructura estratégica.
La empresa e inversionistas mantienen todos los recursos abiertos, incluyendo arbitraje internacional y protecciones de tratados. Sostienen que el Estado será responsable por cualquier daño derivado de acciones confiscatorias, mientras el Gobierno asume la operación de dos terminales clave para el comercio regional.
Puedes encontrar más información en:
Regístrate aquí para recibir nuestro newsletter
