¿Más celdas o más juzgados? El dilema de Panamá ante el hacinamiento
Panamá tiene la tercera tasa de encarcelamiento de América Latina —527 por cada 100 mil habitantes— y apenas 11.6 jueces por la misma población. Molina propone más tribunales, el Gobierno proyecta cinco nuevas cárceles, y el caso de Costa Rica complica ambas apuestas.
El dato
Panamá mantiene 24,651 personas privadas de libertad al 28 de febrero de 2026, según el World Prison Brief del Institute for Crime & Justice Policy Research (Birkbeck, Universidad de Londres). Eso equivale a 527 presos por cada 100 mil habitantes: más del doble del promedio de América Latina y el Caribe (229) y casi cuatro veces la media mundial (140).
El sistema tiene capacidad oficial para 14,695 personas. La ocupación es de 167.8%, aun después de la apertura del penal femenino La Esmeralda en enero y de las rebajas de pena concedidas por el Ejecutivo. La presión volvió a hacerse visible el 1 de junio, cuando un motín en La Joyita dejó tres detenidos muertos y la evasión de 195 reclusos, de los cuales 69 seguían prófugos una semana después.
Fuente: World Prison Brief (ICPR, Birkbeck) al 28.2.2026 · Órgano Judicial de Panamá
La comparación regional
Solo dos países de la región encarcelan proporcionalmente más: El Salvador (1,659 por 100 mil) y Cuba (794). Brasil registra 416, Costa Rica 359 y Uruguay 321. El contraste con Costa Rica es el más citado en el debate jurídico local: encarcela un tercio menos que Panamá en términos relativos, con una red de juzgados más densa.
Presos por cada 100 mil habitantes
Panamá encarcela a más del doble del promedio regional y casi cuatro veces la media mundial
Fuente: World Prison Brief / ICPR (Panamá feb-2026; El Salvador, Cuba y Brasil 2024) · Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica (2025) · CAF (media regional) · World Prison Population List (media mundial)
La tesis: más juzgados, no más celdas
Para el abogado Rodrigo Julio Molina, socio de la firma panameña Molina & Co., la respuesta al hacinamiento no pasa por construir más cárceles, sino por ampliar la capacidad de los tribunales para reducir la mora judicial.
"Antes de seguir construyendo cárceles, vale la pena preguntarse: ¿necesitamos más celdas o más juzgados que reduzcan la mora judicial y la detención preventiva?"
El argumento tiene respaldo parcial en los datos: 35.3% de los privados de libertad en Panamá no tiene condena — 8,693 personas en detención preventiva. La proporción ha mejorado de forma notable (en diciembre de 2015 era 62.6%, según la CIDH), pero el volumen de procesos sin resolver sigue alimentando la presión sobre un sistema que ya opera muy por encima de su capacidad.
"Si una gran cantidad de personas permanece detenida sin sentencia, aumentar la capacidad de los tribunales y acelerar los procesos podría reducir la población penitenciaria sin necesidad de construir más cárceles."
La aritmética, sin embargo, tiene un techo. Incluso si los tribunales aceleraran los procesos y la mitad de los detenidos preventivos saliera del sistema, la ocupación seguiría por encima de 130%. El 64.7% restante de la población penitenciaria ya está condenado, y esa parte no se reduce con más jueces: depende de la política criminal, las penas y los programas de reinserción.
La respuesta oficial: más cárceles
El Gobierno apuesta por la vía contraria a la que plantea Molina. El Ministerio de Gobierno proyecta construir cinco nuevos centros penitenciarios, una cárcel de máxima seguridad y un centro de resocialización durante el quinquenio, según anunció la ministra Dinoska Montalvo en febrero de 2025. En paralelo, desde septiembre de 2024 corre un plan de descongestión junto al Ministerio Público y el Órgano Judicial para revisar expedientes de privados de libertad que ya cumplieron su pena o califican para medidas alternativas.
"Lo que abunda en las cárceles del país es ocio"
Entrevista sobre la transformación del sistema penitenciario (TVN, julio 2024)
Montalvo ha calificado de terribles las condiciones del sistema y ha insistido en que la pena en Panamá es la privación de la libertad, no el arrebato de la dignidad. Su diagnóstico apunta al ocio carcelario y a la falta de programas de resocialización como el problema de fondo — no necesariamente a la falta de espacio.
El contrapunto: Costa Rica
El país que el debate jurídico panameño usa como modelo complica la tesis. Costa Rica tiene más del doble de jueces por habitante que Panamá y aun así alcanzó en 2025 su máximo histórico de encarcelamiento: 18,507 detenidos y una tasa de 359 por 100 mil habitantes, según su Ministerio de Justicia y Paz. Las proyecciones oficiales superan los 30,000 presos para 2030, y el gobierno de Rodrigo Chaves anunció la construcción de una megacárcel para 5,000 personas.
La lección es incómoda para ambos bandos: más jueces no garantiza menos presos. La densidad judicial acelera los procesos y reduce la preventiva, pero el tamaño de la población penitenciaria lo define la política criminal — el endurecimiento de penas, la reducción de beneficios y la presión del narcotráfico que el propio caso costarricense ilustra.
La brecha de jueces
Nada de eso borra el déficit panameño. El país cuenta con 11.6 jueces por cada 100 mil habitantes, según informes del propio Órgano Judicial — y la cifra venía cayendo desde 12.5 en 2016, justo cuando entraba en vigencia el sistema penal acusatorio. Costa Rica pasó de 15 jueces por 100 mil habitantes en 2000 a 27 en 2015, según el Informe Estado de la Justicia. El estándar de referencia de la OCDE es 65.
Fuente: Órgano Judicial de Panamá · Informe Estado de la Justicia (Programa Estado de la Nación, Costa Rica)
El propio Órgano Judicial ha reconocido el problema. Su expresidente, la magistrada María Eugenia López Arias, ha hecho de la reducción de la mora judicial su bandera de gestión, y en 2024 reportó la creación de 34 dependencias judiciales y 373 nuevas posiciones para reforzar despachos, además de maratones de audiencias para evacuar el rezago del sistema penal.
"una justicia oportuna, equitativa, transparente y accesible, lo que lograremos disminuyendo la mora judicial"
Declaraciones tras su reelección al frente de la CSJ (TVN, enero 2024)
Lo que viene
En lo civil, Panamá ya empezó a moverse en la dirección que plantea Molina: la Ley 402 de 2023 — el nuevo Código Procesal Civil, vigente desde el 11 de octubre de 2025 — introdujo la oralidad, procesos concentrados y nuevos despachos judiciales, con la sede del sistema oral civil inaugurada en Carrasquilla. López Arias lo describió como un nuevo capítulo en la historia de la justicia civil panameña.
El reto pendiente está en lo penal, donde se concentran el hacinamiento, la mora y la detención preventiva. Ahí convergen las dos agendas: la del Ejecutivo, que construye celdas, y la del Órgano Judicial, que pide jueces. La experiencia costarricense sugiere que, sin una revisión de la política criminal, ninguna de las dos bastará.
Nota metodológica: la tasa de encarcelamiento de Panamá (527) corresponde al World Prison Brief al 28 de febrero de 2026, calculada sobre una población estimada de 4.68 millones (cifras ONU). La cifra de jueces de Costa Rica (27 por 100 mil) es de 2015, último dato comparable del Informe Estado de la Justicia; el dato de 21.85 que circula en debates jurídicos corresponde a 2008. La cifra de jueces de Panamá (11.6) proviene de informes de gestión del Órgano Judicial de 2022. La media regional (229) proviene de CAF.
Fuentes: World Prison Brief — Panamá · Semanario Universidad — encarcelamiento en Costa Rica · Mingob — nuevos centros penitenciarios · TVN — plan penitenciario · TVN — reelección de López Arias · Órgano Judicial — Código Procesal Civil · CAF — cárceles en América Latina
