Ordenan secuestro de cuentas y bienes a grupos ambientales por caso Puerto Barú

El Juzgado Quinto Liquidador Civil de Panamá emitió una orden de secuestro de cuentas bancarias y propiedades pertenecientes a grupos ambientalistas vinculados al caso Puerto Barú. Esta medida responde a una demanda por daños y perjuicios presentada por el proyecto Puerto Barú, un desarrollo turístico y de infraestructura en la provincia de Chiriquí.

La acción judicial se concretó en 2025 tras años de conflicto entre los grupos ambientales y el proyecto, que causó retrasos y perjuicios económicos. El juez determinó que las organizaciones detractoras del Puerto Barú deben responder patrimonialmente por los daños ocasionados, ordenando el secuestro como garantía para cubrir posibles indemnizaciones.

Este fallo representa un precedente relevante para el entorno de negocios en Panamá, al confirmar el posible impacto legal y financiero que pueden enfrentar grupos opositores a proyectos de inversión. Implica que las disputas ambientales, cuando se judicializan, pueden traducirse en afectaciones patrimoniales reales. El sector empresarial y los inversores deberán considerar estos riesgos en su análisis de proyectos de infraestructura y turismo.