Mulino apura reforma fiscal para salir de lista de la UE, con el grado de inversión en la balanza

Qué pasó

El presidente José Raúl Mulino anunció que está dispuesto a convocar sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional para asegurarse de que la ley de sustancia económica se apruebe antes de que venza el período ordinario el 30 de abril. El objetivo: que Panamá pueda ser evaluada favorablemente por la Unión Europea en octubre de 2026, fecha clave para salir de su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal.

"Esa ley la tenemos que pasar, sí o sí la tenemos que pasar para sacar al país de esa lista", dijo Mulino, quien ya conversó con el presidente de la Asamblea sobre la posibilidad.

Por qué importa

Panamá lleva años atrapada en la lista negra de la UE por no cumplir con estándares internacionales de transparencia fiscal. El problema central: el país permite que empresas multinacionales operen sin presencia real en el territorio —sin empleados, sin oficinas, sin actividad económica comprobable— un esquema que Bruselas califica como práctica fiscal perjudicial.

La reforma del Código Fiscal que propone el MEF busca introducir el concepto de sustancia económica: las empresas que quieran mantener exenciones tributarias deberán demostrar presencia física real en el país. Las que no cumplan quedarán sujetas a tributación sobre sus rentas pasivas extranjeras.

Pero aprobar la ley es solo el primer paso. La UE también evalúa su implementación efectiva, lo que requiere reglamentación, fiscalización y evidencia de cumplimiento. Octubre de 2026 es una fecha de evaluación, no de salida automática de la lista.

El contexto de las calificadoras

La urgencia de Mulino no es solo diplomática. Panamá enfrenta un momento fiscal delicado ante los mercados: dos de las tres grandes calificadoras la mantienen al borde del grado de inversión, y una ya lo retiró.

Moody's reafirmó en noviembre de 2025 la nota Baa3 —el piso del grado de inversión— pero mantiene perspectiva negativa. Reconoció los avances en la reforma de pensiones y la reducción del déficit de 7.4% a un rango de 4-4.5% del PIB, pero advierte que las rigideces presupuestarias persisten.

S&P ratificó en noviembre de 2025 la nota BBB− con perspectiva estable, el mismo piso mínimo del grado de inversión. Destacó la resiliencia económica, la reforma previsional y la consolidación fiscal, pero advirtió que retrocesos en políticas o crecimiento lento podrían presionar a la baja.

Fitch es la más crítica: retiró el grado de inversión en marzo de 2024 y mantiene la nota en BB+ con perspectiva estable desde entonces. Proyecta que la deuda pública llegará al 67.2% del PIB en 2025 y que la carga de intereses —18.8% de los ingresos del Estado— supera ampliamente la mediana del grupo BB (11.4%). Cita también la baja transparencia fiscal y la dependencia de financiamiento externo de corto plazo.

El hilo conductor

Salir de la lista de la UE y recuperar confianza en los mercados son dos objetivos que convergen en la misma reforma. Para las calificadoras, cumplir con estándares internacionales de transparencia fiscal es evidencia de gobernanza; para la UE, es un requisito para dejar de tratar a Panamá como paraíso fiscal. La ley de sustancia económica está en el centro de ambas agendas.

El Gobierno ha sido explícito en que no eliminará el sistema territorial de impuestos —Panamá cobra tributos sobre rentas generadas en el país, no en el exterior. La reforma solo exige que quien quiera mantener esa ventaja demuestre que realmente opera aquí.

Fuentes: MEF Panamá, Moody's Ratings (nov. 2025), Standard & Poor's (nov. 2025), Fitch Ratings (dic. 2025).