La UE activa la responsabilidad legal en la cadena de suministro y pone a prueba a sus proveedores en Latinoamérica

La nueva directiva de debida diligencia de la Unión Europea (CSDDD) ya está aprobada, obligando a las grandes empresas a ser legalmente responsables por los impactos ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor. Para las empresas en Latinoamérica, esto significa que ser proveedor de una compañía europea ahora implica someterse a un escrutinio riguroso. La adaptación no es opcional; es una condición para mantener el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo.

La normativa aplica a empresas de la UE con más de 1,000 empleados y una facturación superior a los 450 millones de euros, y también a compañías no europeas que alcancen ese umbral de ventas dentro del bloque. La directiva extiende la responsabilidad más allá de las operaciones propias, abarcando desde el proveedor de materia prima hasta el distribuidor final. Las sanciones por incumplimiento son severas, con multas que pueden alcanzar hasta el 5% de la facturación neta mundial de la compañía y la posibilidad de que las víctimas interpongan demandas civiles por daños.

Aunque la directiva ya recibió la luz verde, su implementación será gradual. Los estados miembros de la UE tienen un plazo para transponerla a su legislación nacional, y las empresas comenzarán a estar sujetas a las nuevas reglas en fases a partir de 2027. Sin embargo, el proceso de auditoría y ajuste de las cadenas de suministro ya ha comenzado, obligando a los proveedores latinoamericanos a documentar y certificar sus procesos de sostenibilidad de inmediato si quieren seguir siendo competitivos.

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