La auditoría a Cobre Panamá lleva cuatro meses y va con retraso: esto es lo que sabemos

La mina de cobre más grande de América Central lleva paralizada desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato que la sostenía. Desde octubre del año pasado, el Ministerio de Ambiente contrató a la firma SGS para hacer una auditoría integral de 370 compromisos ambientales, laborales y tributarios que Minera Panamá S.A. adquirió con el Estado. El 10 de febrero de 2026, SGS entregó su cuarto informe mensual de avance. Es un documento de 300 páginas que todavía no dice cuánto cumplió la empresa: ese veredicto vendrá en el informe final. Pero sí revela datos concretos sobre cómo marcha la auditoría y qué pasa dentro de la mina en cuido y mantenimiento.

El avance va 3 puntos por debajo de lo planeado

La auditoría tenía previsto completar el 69.71% de sus actividades al cierre del cuarto mes. Llegó al 66.37%. La diferencia —3.35 puntos porcentuales— no es una crisis, pero sí una señal de que el proceso está tomando más tiempo del estimado en su cronograma original, el cual ya había sido ajustado una vez desde el inicio del contrato.

SGS explica el rezago por la complejidad de cruzar información de múltiples fuentes: documentos de Minera Panamá, registros de entes gubernamentales como la Caja de Seguro Social (CSS), la DGI, MITRADEL y el MICI, e inspecciones de campo que se extendieron más de lo previsto. El contrato vence en abril de 2026. Quedan dos informes más.

Lo que sí está claro es la escala del trabajo: el equipo auditor revisó 40 subprocesos industriales —desde la exploración geológica hasta el embarque del concentrado de cobre en Puerto Rincón—, hizo inspecciones físicas de las instalaciones entre el 1 y 5 de diciembre de 2025, y está procesando información fiscal de los años 2019 a 2025.

1,346 personas siguen trabajando en la mina

Aunque las operaciones se detuvieron, la mina no está vacía. Para mantener estables las infraestructuras —la presa de relaves, el tajo Botija, los sistemas de agua, los equipos—, Minera Panamá mantiene un plan de cuido y mantenimiento que en abril de 2025 contaba con 1,346 trabajadores activos.

De ese total, el 18.2% son mujeres y el 89.4% son panameños, lo que cumple con el mínimo legal del 85% que exige el Artículo 17 del Código de Trabajo. El restante ~10.6% son trabajadores extranjeros, dentro del límite permitido.

La empresa reporta también de dónde viene ese personal panameño: 525 son de la provincia de Coclé —la más cercana a la mina—, 169 de Colón, y 19 pertenecen a comunidades indígenas Ngäbe de las localidades de Nueva Esperanza, Nueva Lucha y Nueva Sinaí, que fueron reasentadas durante la construcción del proyecto.

La auditoría verificó que no hubo nuevas contrataciones en el último período, pero sí se mantiene activo el proceso de "panameñización" de puestos técnicos que antes ocupaban expatriados.

$963 millones en compras en 2023, pero poco llegó a las comunidades cercanas

Uno de los datos más llamativos del informe es el desglose de compras del último año operativo completo de la mina. En 2023, Minera Panamá destinó 963 millones de dólares en bienes y servicios. De esos, 777 millones —el 80.7%— fueron a proveedores panameños.

El problema es dónde: 708 millones, el 74% del gasto panameño, fue a empresas con sede en la Ciudad de Panamá. Los proveedores locales del área de influencia directa de la mina —Donoso, Omar Torrijos Herrera, la zona de Coclé del Norte— recibieron apenas 37 millones, el 4%.

La distribución de la base de proveedores registrada también es reveladora: de los 2,711 proveedores que la empresa tiene en su sistema, el 44% son foráneos —internacionales— y solo el 13% son locales. La promesa de dinamizar las economías comunitarias cercanas a la mina cumplió de forma marginal.

La empresa sí reporta compras a proveedores locales específicos, como la cooperativa Café La Ceiba, de quienes adquirió café molido por 29,279 dólares entre octubre 2024 y marzo 2025. Pero en el contexto de casi mil millones en compras anuales, la cifra es simbólica.

Los hallazgos definitivos aún no tienen calificación

El aspecto más importante del informe —cómo calificarán el cumplimiento de los 370 compromisos ambientales del Estudio de Impacto Ambiental— todavía no está disponible. SGS desarrolló la escala de evaluación que usará en el informe final: cinco niveles que van de "Cumplimiento / Optimizado" (100–90 puntos) hasta "No Cumple / Inexistente" (menos de 30 puntos).

Lo que el informe sí muestra, en términos cualitativos, son las áreas donde la auditoría encontró brechas preliminares. Algunas están relacionadas con el seguimiento ambiental: SGS señala que, aunque la empresa instaló cruces de fauna silvestre y monitorea la biodiversidad, no existe un sistema consolidado que mida de forma objetiva si esas medidas están funcionando. En el componente forestal, la empresa presentó insumos para un plan de conservación del tapir (Tapirus bairdii), pero SGS considera que no alcanza para acreditar la implementación integral del programa comprometido.

En el componente laboral y tributario, el informe indica que el análisis de planillas de la CSS (2019–2025), la revisión de regalías mineras y la auditoría de producción y facturación aún están en proceso. Los resultados de esas revisiones no se conocerán hasta el informe final.

Qué sigue

El contrato entre MiAmbiente y SGS tiene seis meses de ejecución y vence en abril. El quinto informe, previsto para marzo, incorporará avances en las calificaciones de cumplimiento por componente. El sexto y último consolidará los hallazgos definitivos, las recomendaciones y la matriz de riesgos.

Ese documento será la base técnica que el gobierno panameño usará para decidir qué hacer con la mina: qué pasivos ambientales existen, si hay incumplimientos tributarios o laborales que generen responsabilidades, y cuál es el estado real de las instalaciones que llevan más de dos años sin producir.

Fuente: Informe Mensual No. 04 — Auditoría Integral Proyecto Mina de Cobre Panamá. SGS Panamá Control Services Inc. / MiAmbiente. 10 de febrero de 2026. Contrato OAL-DIFOR No 003-2025.