Gobierno instala la mesa del salario mínimo en medio de tensiones económicas y demandas sociales históricas

El Gobierno instaló este sábado la Comisión Nacional de Salario Mínimo, una mesa tripartita integrada por trabajadores, empresarios y autoridades, que definirá las nuevas tasas salariales que entrarán en vigor en enero de 2026. La sesión inaugural dejó claro que el país llega a esta negociación en un momento económico frágil, marcado por bajo crecimiento, desempleo al alza e informalidad masiva.

La comisión, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 12 del 13 de noviembre de 2025, reúne a CONATO y CONUSI por parte de los trabajadores; CONEP, CCIAP y CAPAC por el sector empresarial; y al MICI, MEF, MIDA y Mitradel en representación del Gobierno. El grupo analizará variables como salarios de mercado, costo de vida, empleo, inversión, consumo y situación macroeconómica en nueve reuniones ordinarias que se realizarán en la sede del Mitradel.

Demandas fuertes en un país con poco aire económico

Los sindicatos llegaron con una postura clara: empujar el salario mínimo hacia los 900 dólares, un punto que consideran indispensable para cubrir la “canasta saludable” estimada en 1,800 dólares para un hogar de dos personas ocupadas. “Llevamos más de tres décadas exigiendo un salario mínimo decente”, dijo Aniano Pinzón, de CONATO, quien recordó que el poder adquisitivo se erosiona mientras los ajustes salariales se mantienen entre 4% y 6%.

Del lado empresarial, el mensaje fue de cautela. Gabriel Diez, presidente del Conep, advirtió que cualquier aumento debe considerar una economía debilitada: desempleo por encima del 10%, más de 700 mil personas en la informalidad y miles de pymes al borde del colapso. “El país está en un momento especialmente frágil”, dijo.

El Gobierno advierte que el modelo está agotado

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, llamó a la “prudencia y sensatez”, recordando que la empresa privada sostiene gran parte del empleo del país. También dejó entrever que este podría ser el último ajuste realizado bajo el sistema actual de fijación del salario mínimo, vigente desde hace más de 60 años.

El análisis más severo vino del experto laboral René Quevedo, quien señaló que entre 2012 y 2024 Panamá perdió 24 mil empleos formales mientras sumó 63 mil funcionarios y 264 mil informales. “Somos una economía sostenida por endeudamiento, no por productividad”, dijo, en referencia a la pérdida del grado de inversión y al deterioro fiscal.

Por qué importa

• La fijación salarial definirá el pulso entre competitividad empresarial y poder adquisitivo.
• La negociación ocurre mientras la economía enfrenta consumo débil, informalidad histórica y desempleo creciente.
• Un ajuste agresivo podría presionar a las empresas; uno demasiado bajo podría profundizar el malestar social.
• El resultado puede marcar el rumbo de una reforma mayor al modelo laboral panameño, que muestra signos de agotamiento.

Al final de la jornada, quedó claro que esta mesa no solo discutirá cifras: discutirá cuál es el país posible en 2026 y qué modelo económico quiere sostenerlo.