EE.UU. declara crítico el glifosato en plena escalada de pagos y litigios millonarios para Bayer
La orden ejecutiva que clasifica al glifosato y al fósforo como materiales críticos llega en un momento en que Bayer enfrenta costos crecientes por litigios. La medida busca proteger la cadena agrícola y reducir riesgos en un insumo dominante a escala global.
La orden ejecutiva firmada el 18 de febrero de 2026 por el presidente Donald Trump introduce un giro regulatorio con implicaciones económicas directas para el mercado químico y agrícola de Estados Unidos. Al declarar al glifosato y al fósforo elemental como materiales críticos bajo el Defense Production Act, la Casa Blanca habilita al Departamento de Agricultura a priorizar contratos y dirigir producción industrial, un movimiento que apunta a reducir la dependencia de importaciones y blindar la cadena de suministro agrícola.
El glifosato, lanzado comercialmente en 1974, escaló rápidamente hasta convertirse en el herbicida más utilizado globalmente, impulsado por su adopción masiva en cultivos resistentes al producto. Este liderazgo mundial amplifica la relevancia económica de cualquier medida regulatoria que altere su producción, disponibilidad o estructura de costos.
El cambio ocurre en un momento en que Bayer, principal proveedor del herbicida en Estados Unidos, continúa absorbiendo costos multimillonarios por litigios relacionados con Roundup. La compañía anunció recientemente un desembolso adicional de más de $7 mil millones para resolver demandas por presunto vínculo con linfoma no Hodgkin, luego de acumular pagos previos que superan los $10 mil millones desde 2020. Este incremento se suma a un marco judicial adverso que se mantiene desde 2022, cuando una decisión de la Corte Suprema permitió que miles de reclamaciones siguieran su curso, obligando a Bayer a provisionar más de $16 mil millones en contingencias.
El componente económico central es doble. Por un lado, la orden reduce el riesgo de disrupciones en el suministro de herbicidas en Estados Unidos en medio de un productor dominante presionado por litigios de alto costo. Por otro, crea un incentivo regulatorio para ampliar capacidad local en segmentos químicos que requieren capital intensivo, sin ofrecer aún señales claras sobre cómo se financiará la expansión industrial impulsada por el Gobierno.
Para el mercado, el movimiento implica que el Estado pasa a desempeñar un rol más activo en la estabilidad de insumos agrícolas esenciales. El impacto inmediato se concentra en asegurar disponibilidad y previsibilidad de costos para productores agrícolas, mientras que el efecto estructural depende de si el sector químico responde con inversión suficiente para reducir la vulnerabilidad que hoy muestra un proveedor dominante con exposición legal significativa.
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Redacción nexo.la
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