La Corte fijó el precio del envenenamiento masivo: B/.25,000. ¿Es justo?
Veinte años después del mayor escándalo sanitario de Panamá, la Corte Suprema falla tres de los más de 800 casos. El Estado paga B/.25,000 por víctima —frente a los B/.6 millones reclamados. ¿Es suficiente?
Annette Planells de Flores
Ingeniera Electrónica.
Lo que acaba de ocurrir
La magistrada ponente María Cristina Chen Stanziola emitió hoy un comunicado oficial anunciando las primeras tres sentencias de fondo en las demandas que lleva como ponente por el envenenamiento masivo con dietilenglicol de 2006. Los casos corresponden a Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline del Carmen Reyes Anderson y Cindy del Carmen Guillén Casiano, representados por la Firma Forense Orobio & Orobio.
La Sala Tercera condenó al Estado panameño, a través de la CSS, a pagar a cada una de las tres víctimas la suma de B/.25,000 en concepto de indemnización por responsabilidad civil extracontractual, reconociendo el daño moral derivado de haber ingerido un medicamento defectuoso fabricado en el Laboratorio de la CSS.
Adicionalmente, la sentencia ordena a la CSS presentar disculpas públicas por escrito, publicarlas en su sitio web y redes sociales por un mes, y construir un monumento conmemorativo en la Ciudad de la Salud. También ordena crear un mapa interactivo por provincia con el estado procesal de cada demanda.
Lo que pedían — y la brecha con lo otorgado
La firma Orobio & Orobio reclamaba B/.6,000,000 por víctima —en concepto de daños materiales y morales, más gastos del proceso.
El monto aprobado equivale al 0.42% de lo reclamado — una diferencia de 240 veces.
La diferencia es de 240 veces. Si las 472 demandas a cargo de la magistrada Chen recibieran el mismo monto, la factura para la CSS sería de aproximadamente B/.11.8 millones. Para las 839 demandas totales de la Sala Tercera, la proyección llega a B/.20.97 millones —muy lejos de los B/.3,220 millones que en total reclaman todos los demandantes.
Una tragedia de 20 años: cronología
La pregunta que deja abierta la sentencia
La Corte Suprema reconoció algo que llevaba 20 años en disputa: el Estado es responsable. La CSS falló en su cadena de control de calidad y permitió que se distribuyera un medicamento contaminado con un tóxico industrial.
Pero la sentencia también plantea una pregunta incómoda: ¿es suficiente B/.25,000 para compensar años de secuelas neurológicas, renales, pérdida de capacidad laboral, gastos médicos propios, y el peso psicológico de haber sido envenenada por la institución creada para cuidarla?
Los demandantes argumentaron que B/.6 millones reflejaban exactamente eso: el costo real de una vida alterada para siempre. La Sala aplicó un criterio de "valoración prudencial". El monto que eligió equivale a casi 33 meses del salario mediano en Panamá, que según el INEC es de B/.755.80 (septiembre 2025).
"Aterrado, frustrado y decepcionado. Esa cuantía no representa el daño ocasionado —más bien lo que dice es que estamos en pañales en este país respecto a la sensibilidad por el sufrimiento ajeno. Envenenar a una población inocente y luego tratarlos de esta manera no es poca cosa."
— Víctor Orobio, abogado representante de las víctimas
Orobio anticipó que en las próximas horas las víctimas podrían manifestar su impotencia en las calles. Las más de 800 demandas restantes siguen en espera —y este fallo acaba de fijar el piso del debate.
Fuentes: Comunicado oficial de la Magistrada María Cristina Chen Stanziola, Sala Tercera (20 de abril de 2026); La Prensa Panamá (diciembre 2024); INEC, Encuesta de Mercado Laboral, septiembre 2025 vía Nexo. Cifras de fallecidos según La Prensa: 800 oficialmente reconocidas. El estimado de B/.2,832M asume B/.6M por caso; los montos individuales pueden variar.
