La CSS paga B/.25,000 por víctima del dietilenglicol — frente a los B/.6 millones que pedían
Edificio de la Caja de Seguro Social en Clayton. prensa.css.gob.pa

La CSS paga B/.25,000 por víctima del dietilenglicol — frente a los B/.6 millones que pedían

Veinte años después del mayor escándalo sanitario de Panamá, la Corte Suprema falla en los primeros tres casos. El Estado paga B/.25,000 por víctima —frente a los B/.6 millones reclamados. ¿Es suficiente?

Veinte años después del mayor escándalo sanitario de Panamá, la Corte Suprema falla en los primeros tres casos. El Estado paga; pero ¿cuánto vale el daño?


Casos a cargo de la Magistrada Chen Stanziola
472
Demandas
(ponente)
387
Etapa de
fondo (82%)
~B/.2,832M
Reclamado
estimado*
Universo total — Sala Tercera
839
Demandas
totales
B/.25,000
Otorgado
por víctima
B/.3,220M
Reclamado
total (Sala)
*Estimado: 472 × B/.6M. Los montos individuales pueden variar.

Lo que acaba de ocurrir

La magistrada ponente María Cristina Chen Stanziola emitió hoy un comunicado oficial anunciando las primeras tres sentencias de fondo en las demandas que lleva como ponente por el envenenamiento masivo con dietilenglicol de 2006. Los casos corresponden a Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline del Carmen Reyes Anderson y Cindy del Carmen Guillén Casiano, representados por la Firma Forense Orobio & Orobio.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo condenó al Estado panameño, a través de la CSS, a pagar a cada una de las tres víctimas la suma de B/.25,000 en concepto de indemnización por responsabilidad civil extracontractual, reconociendo el daño moral derivado de haber ingerido un medicamento defectuoso fabricado en el Laboratorio de la CSS.

La Sala resolvió que la simple ingesta de un producto farmacéutico defectuoso no apto para consumo humano es suficiente para presumir la existencia de un daño moral de carácter objetivo —aun cuando no se haya demostrado la cantidad ingerida ni la existencia de secuelas clínicas individualizadas.

Adicionalmente, la sentencia ordena a la CSS presentar disculpas públicas por escrito, publicarlas en su sitio web y redes sociales por un mes, y construir un monumento conmemorativo en la Ciudad de la Salud con los nombres de todas las víctimas. También ordena crear un mapa interactivo por provincia con el estado procesal de cada demanda.

Lo que pedían — y la brecha con lo otorgado

La firma Orobio & Orobio reclamaba B/.6,000,000 por víctima —en concepto de daños materiales y morales, más gastos del proceso.

Monto reclamado
B/.6,000,000
por víctima
Monto otorgado
B/.25,000
por víctima

El monto aprobado equivale al 0.42% de lo reclamado — una diferencia de 240 veces.

La diferencia es de 240 veces. Si las 472 demandas a cargo de la magistrada Chen recibieran el mismo monto, la factura para la CSS sería de aproximadamente B/.11.8 millones. Para las 839 demandas totales de la Sala Tercera, la proyección llega a B/.20.97 millones —muy lejos de los B/.3,220 millones que en total reclaman todos los demandantes.

La Procuraduría de la Administración ya demostró en un caso anterior que los peritajes pueden reducir drásticamente los montos: una demanda de B/.2.1 millones se resolvió en B/.188,000. El patrón se repite.

Una tragedia de 20 años: cronología

2006Agosto-octubre: La CSS detecta un "síndrome de insuficiencia renal aguda". El 17 de octubre confirma que lotes de jarabe expectorante sin azúcar —fabricados con glicerina contaminada con dietilenglicol, un refrigerante industrial— fueron distribuidos en todo el país. Se retiran 220,000 frascos. Es el mayor envenenamiento por dietilenglicol registrado en el mundo.
2007–2012Investigación penal con 27 imputados. Según La Prensa, las cifras oficiales hablan de 800 personas fallecidas y 1,300 afectadas certificadas; el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida sostiene que las cifras reales son mucho mayores, ya que muchos pacientes nunca fueron registrados como afectados.
2013La Ley 20 crea una pensión vitalicia especial para víctimas certificadas. El presidente Martinelli pide disculpas públicas y califica el caso de "homicidio masivo".
2015El Ministerio Público cierra la investigación penal. Comienzan las primeras demandas contencioso-administrativas ante la Sala Tercera.
2016El Segundo Tribunal condena a 5 personas: el empresario Ángel de la Cruz (Medicom) a 5 años y multa de B/.6,000, más cuatro exfuncionarios de la CSS. Las víctimas califican las penas de "irrisorias".
2017La Sala Tercera emite la primera condena al Estado por responsabilidad civil (caso Maybeth Coronado), sin fijar cuantía. Se inicia la era de las demandas masivas de indemnización.
2018Primer lote de 400+ demandas presentadas reclamando B/.6 millones por víctima.
2022La CSS paga B/.188,000 en el primer fallo ejecutado —una demanda original de B/.2.1 millones reducida gracias a peritajes.
2024–2025La Sala Tercera tramita 839 demandas por B/.3,220 millones en total. Las víctimas protestan frente al Palacio de Justicia. Muchos afectados fallecen sin ver resolución.
202620 de abril: Las primeras tres sentencias de fondo de la magistrada Chen Stanziola otorgan B/.25,000 por víctima por daño moral. 387 de sus 472 expedientes están listos para sentencia.

La pregunta que deja abierta la sentencia

La Corte Suprema reconoció algo que llevaba 20 años en disputa: el Estado es responsable. La CSS falló en su cadena de control de calidad, permitió que se fabricara y distribuyera un medicamento contaminado con un tóxico industrial, y eso causó un daño real a personas reales.

Pero la sentencia también plantea una pregunta incómoda: ¿es suficiente B/.25,000 para compensar años de secuelas neurológicas, renales, pérdida de capacidad laboral, gastos médicos propios, y el peso psicológico de haber sido envenenada por la institución creada para cuidarla?

Los demandantes argumentaron que B/.6 millones reflejaban exactamente eso: el costo real de una vida alterada para siempre. La Sala aplicó un criterio de "valoración prudencial" para el daño moral. El monto que eligió equivale a casi 33 meses del salario mediano en Panamá, que según el INEC es de B/.755.80 (septiembre 2025).

La sentencia aclara que B/.25,000 es independiente de las pensiones vitalicias ya recibidas desde 2013. Para las tres víctimas piloto, esas pensiones suman entre B/.92,600 y B/.95,000 acumulados hasta 2024. El total combinado por persona —pensión más indemnización— oscila entre B/.117,600 y B/.120,000.

Lo que viene ahora es igualmente relevante: la magistrada Chen tiene 384 demandas adicionales listas para sentencia. Si el estándar de B/.25,000 se consolida, la CSS enfrenta una factura manejable. Si futuros fallos se acercan a los montos originales, la institución enfrenta una crisis financiera sin precedentes.

Las víctimas sobrevivientes —muchas ya en estado crítico después de dos décadas de espera— recibirán su respuesta una a una en los próximos meses.


Fuentes: Comunicado oficial de la Magistrada María Cristina Chen Stanziola, Sala Tercera (20 de abril de 2026); La Prensa Panamá (diciembre 2024); INEC, Encuesta de Mercado Laboral, septiembre 2025 vía Nexo (nexo.la/salarios-provincias-panama-inec-2025/). El monto B/.3,220M corresponde al total de las 839 demandas de la Sala Tercera según La Prensa. El estimado de B/.2,832M para los 472 casos de la magistrada Chen asume B/.6M por caso; los montos individuales pueden variar. Cifras de fallecidos según La Prensa: 800 oficialmente reconocidas.

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