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Auditoría a Cobre Panamá: el Estado abre el expediente completo
Cortesía Cobre Panamá

Auditoría a Cobre Panamá: el Estado abre el expediente completo

MiAmbiente y SGS iniciaron una auditoría integral a Cobre Panamá para evaluar 370 compromisos ambientales, obligaciones laborales y tributarias. La revisión busca dimensionar pasivos y riesgos tras el fallo de inconstitucionalidad.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y SGS Panamá pusieron en marcha una auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, en Cerro Petaquilla, como parte del cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el cese de operaciones. El objetivo es claro: obtener un diagnóstico técnico, legal y ambiental que le permita al Estado dimensionar con precisión la situación actual del proyecto y sus pasivos futuros.

La auditoría no evalúa los impactos económicos derivados de la suspensión de operaciones en diciembre de 2023 —tema que el Gobierno analiza en estudios separados—, pero sí revisa si la empresa cumplió sus obligaciones laborales, tributarias y ambientales hasta la fecha.

Empleo, contratos e impuestos bajo la lupa

En el frente económico y legal, el equipo auditor analiza el cumplimiento de contratos colectivos, aportes a la seguridad social, pagos de impuestos y regalías, así como retenciones sobre dividendos e impuestos municipales correspondientes al período 2019–2023. También se revisan posibles brechas entre las obligaciones laborales y la situación real de los trabajadores tras el cierre.

370 compromisos ambientales en revisión

El componente ambiental es el más extenso. La auditoría verifica 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), con énfasis en:

  • Calidad del agua, aire y suelo
  • Gestión de relaves, desechos peligrosos y drenaje ácido de mina
  • Biodiversidad y reforestación, incluyendo 126 planes y el Plan de Acción de Biodiversidad

Primeros hallazgos: registros incompletos y retos de información

En esta fase inicial, el equipo identificó discrepancias en los planes de reforestación: faltan 98 registros en los listados oficiales de MiAmbiente que sí aparecen en los reportes de la empresa. Además, 33 fincas carecen de resolución formal y 55 están en proceso activo, lo que obliga a un ejercicio de homologación de resoluciones y hectáreas.

También surgieron limitaciones técnicas para la gestión documental: la plataforma oficial no soporta la carga masiva de información. Como medida correctiva, SGS propuso una herramienta alterna para asegurar trazabilidad completa sin afectar el cronograma.

Riesgos y pasivos: matrices por construir

La auditoría determinó la necesidad de crear matrices de riesgo —técnicas, operacionales y de pasivos ambientales— cuando no existan en las entidades públicas, con foco en la estabilidad física y química de instalaciones críticas como relaves y depósitos de estériles.

El proceso, con una duración estimada de seis meses, se ejecuta bajo criterios de transparencia y confidencialidad, con informes mensuales de avance. Por ahora, la auditoría no dicta sentencias: está abriendo todas las carpetas. Y ya quedó claro que algunas están incompletas —o que el archivo necesita un mueble más grande.

El informe completo lo puedes encontrar aquí

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